El Gobierno Provincial busca regular el comercio de metales no ferrosos

La iniciativa -que se trabajó desde el Ministerio de Seguridad y Justicia en conjunto con la legisladora Marcela Avila- ofrecerá de mayores herramientas a los actores implicados en la prevención de este delito.

La Gobernadora Arabela Carreras explicó que en los últimos años se advirtió un incremento de las actuaciones judiciales relacionadas con la sustracción de materiales no ferrosos. “Como toda modalidad delictiva, responde a las condiciones generales que hacen propicia la misma. El valor del cobre es elevado por tratarse de un conductor de energía muy bueno, y esto conlleva a buscar el material en un mercado ilegal”, dijo.

Los servicios de electricidad y agua se han visto afectados en numerosas oportunidades por esta modalidad delictiva que genera serios perjuicios a todos los usuarios y a las empresas prestadoras. Además, el robo de cables de cobre o de medidores de agua (por el bronce) constituyen un serio riesgo en materia de seguridad para los vecinos y vecinas.

“Resulta necesario combatir este fenómeno delictivo a través de distintas estrategias, como acciones preventivas, información, recomendaciones y acciones punitivas. Este proyecto -que cuenta con Acuerdo General de Ministros- permite dotar de mayores herramientas para las partes implicadas en la prevención”, explicó Carreras.

Qué dispone el proyecto

La iniciativa establece el deber de registrarse ante la autoridad de aplicación, para todos aquellos que, de forma principal o accesoria, permanente o eventual, se dedican al acopio de metales no ferrosos, o a su adquisición a título gratuito u oneroso, compraventa y transporte.

Para facilitar la trazabilidad en la comercialización de los metales no ferrosos, el proyecto prevé que los sujetos alcanzados deben registrar todas sus operaciones de adquisición, enajenación y transporte, consignando en cada operación el detalle sobre el origen y características de los metales, y su documentación de respaldo.

Además, otorga facultades de incumbencia específica a los efectivos del Ministerio de Seguridad y Justicia, para exigir y fiscalizar el cumplimiento de esta ley. De esta forma, se garantiza un abordaje integral y concreto del fenómeno delictivo, cuyos efectos destructivos de los servicios públicos y dañosos de la población en general ya hemos reseñado.